El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, ha confirmado que retomará la estrategia de contratación consolidada de medicamentos, anticipando el proceso para los ejercicios fiscales de 2027 y 2028. Este anuncio llega apenas unos meses después del fracaso de la última licitación internacional, correspondiente al periodo 2025-2026, que fue cancelada en abril por presuntas irregularidades y sobrecostos detectados en las propuestas.
La contratación consolidada es un mecanismo que permite a múltiples instituciones unirse para adquirir grandes volúmenes de medicamentos, con el objetivo de reducir precios y asegurar el suministro. Sin embargo, en el último intento, el proceso estuvo marcado por cuestionamientos a funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la empresa estatal encargada de la compra. De acuerdo con la investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se detectaron valores por encima del mercado y prácticas que podrían derivar en sanciones e inhabilitaciones a los proveedores involucrados.
En el corto plazo, el abasto para 2025 se está resolviendo mediante licitaciones aisladas y procesos independientes entre instituciones, una estrategia que, si bien mantiene el flujo de medicamentos, reduce el margen de ahorro y dificulta la planificación a largo plazo.
Con la mirada puesta en el futuro, la administración federal busca blindar el nuevo proceso mediante lineamientos que prioricen eficacia, transparencia y economía, con el fin de evitar que se repitan los errores del pasado. Estos lineamientos también contemplan mecanismos de supervisión más estrictos y criterios técnicos más rigurosos para la evaluación de ofertas.
El adelanto en la planeación —dos años antes del inicio de los ejercicios fiscales— es visto por especialistas como una oportunidad para reconstruir la confianza en el esquema y garantizar que la compra masiva cumpla su objetivo: abastecer de forma oportuna a hospitales y clínicas del sistema de salud público, evitando desabastos y presiones presupuestales.
Con el recuerdo aún fresco del proceso fallido, el reto para el gobierno será no solo conseguir precios competitivos, sino demostrar que es posible llevar a cabo una licitación de gran escala bajo estrictos estándares de integridad y eficiencia.
